Ley de ticket Canasta
Télam
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó este viernes la ley de tickets alimentarios para incorporar los vales de comida al salario básico en un proceso gradual que se extenderá por 20 meses.
La promulgación de la norma se realizó a través del decreto número 138, que lleva la firma de la mandataria, el jefe de gabinete Alberto Fernández, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
La ley, impulsada por el diputado kirchnerista Héctor Recalde, fue aprobada por el Senado la semana pasada y busca mejorar la calidad del trabajo, avanzar con el empleo registrado y evitar las distorsiones salariales.
El blanqueo de los vales implicará una mejora del salario de bolsillo de los trabajadores, ya que las sumas que reciben en vales pasarán a computarse, por ejemplo, para el aguinaldo.
La ley hace remunerativos todos los vales de comida, los denominados “canasta” y los “restaurante”, y aplica un mecanismo gradual de 10 bimestres para se adapten las empresas que los distribuyen entre sus empleados.
Para el Estado, la norma implica un incremento de recaudación de 1.300 millones de pesos, de los cuales más de 800 millones irán al ANSES y unos 360 millones a las obras sociales. El proyecto obtuvo mucha publicidad durante las últimas semanas.
Recalde denunció, luego de una grabación con cámara oculta hecha por su hijo, que habían intentado sobornarlo para que frenara el tratamiento del expediente y realizó una presentación judicial para poner en evidencia esa maniobra.
A través del proyecto se establece que los vales de comida que los empleadores vinieron otorgando “adquirirán carácter remuneratorio de manera escalonada y progresiva, a todos los efectos legales y convencionales, a razón de un diez por ciento de su valor pecuniario por cada bimestre calendario”.
En los fundamentos de la norma, se sostiene que la inclusión de los vales, “además de distorsionar la naturaleza jurídica de la remuneración, ha provocado efectos perniciosos no sólo en relación al salario del trabajador, sino también en relación a la seguridad jurídica en las relaciones laborales”.
Durante el tratamiento de la norma, Tomada comparó los vales de comidas con “cuasimonedas”, que representan 6.000 millones de pesos.
De acuerdo con los números que se manejan oficialmente, una vez que sean eliminados gradualmente —en dos años— habrá aportes a la seguridad social por 645 millones de pesos al año. La norma promulgada consta de ocho artículos.
En el primero se derogan los incisos b y c del artículo 103 bis de la Ley 20.744 y el artículo 4 de la Ley 24.700.
En el segundo artículo de la ley, se establece que “los empleadores que vinieran otorgando las prestaciones comprendidas en los incisos derogados del artículo 103 bis de la ley 20.744, deberán mantenerlas en los términos que esta ley establece, sea que su otorgamiento proviniera de disposiciones convencionales, contractuales o de la voluntad unilateral del empleador”.
En tanto, en el tercer artículo, se indica que “las prestaciones comprendidas en los incisos derogados del artículo 103 bis de la Ley 20.744 que los empleadores vinieran otorgando, adquirirán carácter remuneratorio de manera escalonada y progresiva, a todos los efectos legales y convencionales, a razón de un diez por ciento de su valor pecuniario por cada bimestre calendario a partir de la entrada en vigencia de la presente ley”.
Asimismo, en el mismo artículo se indica que “el porcentaje remanente deberá continuar abonándose, pudiendo conservar transitoriamente su carácter no remunerativo hasta su incorporación conforme con lo dispuesto en el párrafo precedente”.
fuente: elciudadano. net
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